La postura del gobierno de Joe Biden es similar a la de Donald Trump, con respecto a los inmigrantes: que no tienen derecho a una fianza.
El Tribunal Supremo de Justicia escuchó el pasado martes 11 de enero los argumentos sobre un par de casos en los cuales se disputa la atribución del gobierno federal para mantener detenidos a inmigrantes indocumentados durante meses o incluso años sin una audiencia de fianza.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que actualmente tiene bajo su custodia a unos 22 mil migrantes, llegó a tener un promedio diario de unas 40 mil personas detenidas hace dos años, antes del impacto de la pandemia del covid-19.
Los inmigrantes indocumentados a menudo permanecen detenidos por períodos indefinidos a la espera de que sus casos lleguen a los tribunales de inmigración.
El atasco de los casos que esperan una decisión en las cortes de inmigración supera ya la cifra de 1.5 millones, según datos recopilados por el centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse.
Los demandantes, en las dos causas pendientes, argumentan que los inmigrantes detenidos por más de seis meses tienen derecho a una audiencia de fianza en la cual un juez determine si han de permanecer bajo custodia.
En la audiencia el juez puede aprobar que al migrante se le deje en libertad bajo fianza y el monto de la misma, lo cual no significa que esa persona evitará la deportación. Simplemente deja al migrante bajo supervisión del gobierno federal hasta que se concluya su trámite.
Fallo acerca de inmigrantes
Los tribunales federales de apelación de los distritos Tercero y Noveno dictaminaron que esas audiencias deben ocurrir después de seis meses de detención, y que al gobierno federal le compete demostrar que esos extranjeros representan un peligro para la seguridad pública o que existe el riesgo de que se escapen.
El gobierno del presidente Joe Biden mantiene la opinión de su antecesor con el argumento de que la ley de inmigración no da a los inmigrantes el derecho a una audiencia, y la decisión que adopte el Supremo en los próximos meses afectará no sólo a los migrantes ahora detenidos sino la forma en que se litigarán los casos en el futuro.
En uno de los casos, titulado Garland vs González, los demandantes son un grupo de personas que habían sido deportadas de Estados Unidos pero retornaron por temor a la persecución o las torturas en sus países de origen.
Arturo Martínez, uno de los demandantes, alega que, después que fue deportado a México, fue secuestrado por agentes policiales, torturado y mantenido cautivo hasta el pago de rescate. Otro de los demandantes, Eduardo Gutiérrez, alega que fue torturado por pandilleros debido a su orientación sexual.