En Guatemala existen varios procesos judiciales en contra personas que figuran como sospechosas en el caso. Ninguno ha llegado a juicio.
La organización no gubernamental Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) advirtió el pasado miércoles 13 de octubre sobre la impunidad que rodea el caso de las 41 niñas calcinadas y 15 sobrevivientes con heridas en un hogar de acogida estatal de Guatemala durante 2017, sin resultados en los procesos penales contra nueve imputados.
La abogada del bufete Juanita Pérez, representante de sobrevivientes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, lugar donde ocurrió el siniestro el 8 de marzo de 2017, aseguró en rueda de prensa que a la fecha «el proceso penal continúa fragmentado» y «ninguno de los procesados ha enfrentado juicio oral y público».
Pérez detalló que ha existido un avance lento e intencionado en las etapas procesales, en las que no se ha querido «tipificar las graves violaciones a los derechos humanos», como «la tortura, la ejecución extrajudicial y las lesiones gravísimas» por la muerte de 41 menores, además de «las lesiones físicas y emocionales» de las sobrevivientes.
El incendio sucedió en el marco de una protesta que hacían las menores el 7 de marzo de dicho año dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, al sureste de la Ciudad de Guatemala, cuando intentaron fugarse.
Tras el fallido intento, las niñas fueron reprimidas y encerradas con candado en un aula, donde por la mañana del 8 de marzo se originó un incendio y no fue hasta nueve minutos después que fueron liberadas, de acuerdo con diversas fuentes.
Justicia de Guatemala
Pérez describió que son tres los grupos en los que se ha fragmentado el proceso penal por la muerte de las menores y las lesiones en las sobrevivientes.
En el primer grupo están las altas autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia -entidad a cargo de los hogares estatales- y el director del centro Virgen de la Asunción, que esperan el inicio del debate oral y público, reprogramado por cuarta ocasión para el 29 de marzo de 2022.
En cuanto al segundo grupo, que engloba a las encargadas de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), además de dos policías y personal del Hogar Seguro, está «en desarrollo la audiencia de ofrecimiento de prueba» desde hace dos años y «se ha suspendido en 15 ocasiones» en dicho período de tiempo, de acuerdo con la abogada.
Finalmente, el tercer grupo, que lo integran la jueza de Paz del Municipio de San José Pinula, donde está el edificio del hogar Virgen de la Asunción, y el secretario de esta, vinculados por no haber realizado una exhibición personal a favor de las niñas, tuvo un retraso de casi dos años la audiencia de primera declaración, que hasta el 24 de enero de 2021 contó con dictamen: auto de procesamiento contra ambos.
Siguen riesgos
Las declaraciones de Pérez se llevaron a cabo en una rueda de prensa virtual como parte del informe «Todavía en riesgo. Muerte y desaparición de sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción», elaborado por la organización no gubernamental Disability Rights International (DRI), con sede en Washington D.C., Estados Unidos.
El documento asegura que el Estado de Guatemala «le ha fallado a las familias que perdieron a sus hijas en el incendio de Virgen de la Asunción», pues «enfrentan graves riesgos al exigir que se haga justicia» para las menores fallecidas.
Además, «dos madres han sido asesinadas después de que sus hijas murieran en el incendio», mientras que «otra madre ha sufrido amenazas y agresiones físicas junto con sus hijos».
La abogada agregó que si bien el Estado creó una pensión para las 15 sobrevivientes de 65 dólares mensuales de por vida, según los registros del Estado solo dos la están recibiendo, y «al menos siete, algunas de ellas ya madres, viven en pobreza y ante el posible desalojo de sus hogares».
La entidad estadounidense instó al Estado guatemalteco a garantizar la seguridad de las familias. También exigió «investigar las muertes recientes», así como «la trata, prostitución y abuso en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción».
El informe aseguró que los procesos penales han omitido esos extremos, por lo que la organización exigió una «investigación independiente por parte de Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
El director ejecutivo de la entidad, Eric Rosenthal, quien estuvo presente en el Hogar Seguro un día después del incendio, lamentó que «aún no hay responsabilidad, no ha habido esfuerzos por encontrar a los verdaderos responsables del abuso y tráfico de las niñas», ni «por sus muertes».
Por su parte, Roxana Tujil, madre de una de las víctimas, exigió justicia para todas las niñas, «para las que están vivas y las que están muertas», y habló de las malas condiciones en las que se encontraba su hija dentro del hogar, e incluso de cómo ella fue testigo de que por las noches sacaban a varias menores «para que se prostituyeran».