Los «dreamers» podrán utilizar su trabajo en la lucha contra el coronavirus como argumento ante la Corte Suprema en defensa del DACA.
La Corte Suprema aceptó la petición que realizó la defensa de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), sobre incluir la labor que los “dreamers” en la lucha contra el coronavirus.
Los «soñadores», como se traduce en español, podrán exponer a los jueces el trabajo que realizan para que sea considerado su esfuerzo en la decisión sobre mantener ese programa de protección de deportación o decidir a favor del Gobierno del presidente Donald Trump, quien ordenó la terminación del programa en marzo de 2018.
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“La pandemia de Covid-19, y la movilización de recursos resultante, proporciona una ilustración vívida de algunos de los intereses de confianza originados por el programa que la agencia no tuvo en cuenta”, advierte la defensa de los dreamers.
Destacan los servicios de asistencia sanitaria y otros trabajos esenciales como proveedores de servicios que emplean receptores de DACA.
“Se requería considerar adecuadamente las consecuencias adversas significativas de la terminación para estos y otros actores sociales clave que confiar y beneficiarse del trabajo de los beneficiarios de DACA”, agrega el documento.
Organizaciones civiles celebraron que la Administración Trump no respondiera o pretendiera detener la moción, en medio de la pandemia por coronavirus.
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“El silencio de la administración Trump en cuanto al valor de los trabajadores esenciales que son beneficiarios de DACA nos deja completamente claro que saben que acabar con DACA y con la autorización al trabajo, y deportar a los beneficiarios de DACA… será un golpe catastrófico a nuestros esfuerzos de luchar contra la pandemia”, destacó Todd Schulte, presidente de FWD.us.
“No defienden su postura porque, francamente, es indefendible. El hecho de que no contesten a este memorando al Tribunal Supremo demuestra que no tienen de otra que no sea rebatir estas consecuencias devastadoras”, añade.
El grupo destaca que el memorando incluye información importante sobre cerca de 30 mil beneficiarios “dacamentados” que son trabajadores de la salud y que estarían en riesgo de ser deportados.
Organizaciones documentan que unos 200 mil dreamers trabajan en industrias esenciales como salud, transporte, servicios de alimentos y manufactura.
La Corte Suprema agendó para el primer semestre de este año la discusión sobre mantener o no el programa de protección que beneficia a cerca de 700 mil migrantes.
De tomar una decisión en contra de los “dreamers”, el impacto en cascada sería incalculable, comenzando por la separación de familia y 256 mil niños que son ciudadanos estadounidenses.
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